Gobierno retira estatuas que intentaron ser derribadas

Defensoría pide al Ejecutivo rechazar abusos de Policía. Advierten el peor mes para el periodismo en Colombia.

Bogotá. El Ministerio de Cultura retiró de sus pedestales las estatuas de bronce del “Monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón”, ubicado en cercanías del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, luego de que esta semana indígenas misak intentaran derribarlas.

La decisión de desmontar y trasladar las estatuas de Colón y de Isabel I de Castilla “se adoptó con el objetivo de abrir un diálogo mediante el cual el Ministerio de Cultura invitara a reflexionar sobre el significado y valor del patrimonio cultural”, señaló esa cartera en un comunicado.

El miércoles pasado, durante la llamada “toma de Bogotá”, a la que apenas asistieron unos pocos centenares de personas, indígenas misak intentaron derribar las dos estatuas, después de que hace unas semanas tumbaran la del conquistador español y fundador de Bogotá, gonzalo Jiménez de Quesada, y hayan protagonizado acciones similares en otras partes del país.

Ante esta situación intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que dispersó a los indígenas con gases lacrimógenos.

Los misak, que habitan principalmente el departamento del Cauca, también derribaron el 17 de septiembre del año pasado en Popayán, la capital regional, la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de esa ciudad, y el 28 de abril la del mismo conquistador en Cali, capital del Valle del Cauca.

El Ministerio señaló que las esculturas de Colón e Isabel la Católica fueron declaradas Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional en 2006 y permanecerán bajo custodia del gobierno.

En esa línea, el traslado es el punto de partida para iniciar unas mesas de diálogo, que contarán con el apoyo de las autoridades regionales, para reflexionar “sobre el significado y valor del patrimonio cultural, en particular, de los monumentos que hacen parte del espacio público”.

“Las mesas de diálogo serán la oportunidad para instalar el tema en la agenda académica y en otros espacios factibles, donde se permita crear un diálogo abierto y público.

Estos espacios de concertación permitirán entender, evaluar y concertar propuestas de resignificación o relocalización”, expresó el Ministerio.

RECHAZAR Abusos. La Defensoría del Pueblo exhortó ayer al gobierno a “manifestar públicamente su rechazo” a los “actos atentantorios de los derechos humanos” cometidos por agentes de la fuerza pública o servidores públicos en el marco de las protestas.

Así lo recoge una resolución publicada este viernes donde la Defensoría exhorta de igual forma a los representantes o líderes de territorios y autoridades locales a rechazar estos actos y los cometidos por “particulares que han afectado a los derechos humanos, en el contexto del paro nacional (...) desde el pasado 28 de abril”, y abstenerse a instigar que se cometan.

Del mismo modo, insta a las autoridades a que se inicien y aceleren las investigaciones “adecuadas y eficaces” por parte de la justicia ordinaria para evitar la impunidad, dado que la mayoría de crímenes cometidos supuestamente por agentes de la Policía contra civiles son juzgados por la Justicia Militar y las víctimas se quejan de que quedan impunes.

En este documento, la Defensoría recuerda que hasta el 3 de junio ha recibido reportes de 58 muertes que habrían ocurrido durante las protestas, de las cuales la Fiscalía considera que en 20 hay pruebas suficientes de que “estos presuntos homicidios se dieron en el marco de las manifestaciones públicas”.

Esta institución estatal también ha recibido en ese mismo periodo 417 quejas relacionadas con 584 presuntos actos de violación de derechos humanos, y de ellas el 73 % señala a la fuerza pública como supuesta responsable. Por otro lado tiene indicios de 106 presuntos hechos de violencia de género, 27 de ellos por violencia sexual.

Además recibió 783 denuncias de personas “sin ubicar”, aunque hasta la fecha permanecen activos los Mecanismos de Búsqueda Urgente para 84 personas, según los datos facilitados este jueves por la Fiscalía.

PRENSA VIOLENTADA. Varias organizaciones de prensa, incluida la Fundación gabo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hicieron ayer un llamado al gobierno después de denunciar que “el periodo de protestas que atraviesa el país ha sido también el mes más violento contra la prensa en las últimas décadas” en el país.

Las organizaciones –que se agrupan en el Proyecto Antonio Nariño (PAN)– le piden al gobierno que no tolere los ataques contra periodistas y reporteros, “ya sean tradicionales y alternativos”, ya que 236 periodistas han sido agredidos en todo el país en las primeras 5 semanas de protestas, según la FLIP.

Estas agresiones incluyen detenciones ilegales, ataques a sedes periodísticas –como la que vivió el canal RCN en el primer día de paro nacional–, el robo de equipos o las agresiones físicas que han sufrido decenas de periodistas, que “en su mayoría, lamentablemente, son atribuidas a la fuerza pública (el 54,1 % de las veces), pero también a civiles (el 31,6 %)”.

también se mostraron preocupados por la identificación de noticias falsas por parte de la Policía.

“Acelerar las investigaciones para evitar la impunidad”. Carlos Camargo

Defensor del Pueblo