UN AÑO TURBULENTO PARA ALEX SAAB

‘Habeas corpus’, amparos y hasta títulos diplomáticos son los recursos que ha usado la defensa del barranquillero, a lo largo de un año, para frenar su extradición a EE. UU.

Transcurrió un año desde que la Interpol capturó a Alex Naín Saab Morán, en el archipiélago de Cabo Verde. Desde entonces, y como si se tratara de una novela, la vida del hombre considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no ha dejado de acaparar los principales titulares de la prensa, al menos en los países donde el empresario barranquillero ha tenido su accionar.

Desde la captura de Saab, ocurrida el 12 de junio de 2020, en la isla de Sal (una de las más importantes de Cabo Verde), a donde llegó cuando el avión privado en el que se transportaba desde Rusia hacia Irán se detuvo para cargar combustible, la vida del empresario ha sido una montaña rusa. A los pocos días de su detención, Venezuela señaló que él era un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde para volver al vecino país.

Saab es acusado por EE. UU. de haber lavado – junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido– hasta 350 millones de dólares para supuestamente pagar actos corruptos del presidente venezolano. En ese sentido el Gobierno caboverdiano admitió la solicitud estadounidense para la extradición, pero tras las maniobras legales de su defensa la medida se ha ido dilatando.

La primera decisión judicial en contra del barranquillero la tomó el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, con sede en la isla caboverdiana de San Vicente, en julio, que “aprobó la extradición”; sin embargo, las estrategias de la defensa no cesaron y a inicios de agosto presentaron ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde un recurso para frenar su extradición a Estados Unidos, pero esta no prosperó.

La decisión tomó por sorpresa a los abogados, debido a que el Tribunal Constitucional indicó que primero se debió acudir al tribunal de extradición y “solo si no tenía éxito allí se podía presentar un nuevo amparo ante el Tribunal Supremo”.

El recurso de amparo corría en paralelo a la impugnación presentada ante el Tribunal de Apelación de Barlovento contra la decisión del Gobierno de autorizar la extradición; sin embargo, el abogado Baltasar Garzón, defensor de Saab, anunció una nueva apelación ante instancias judiciales de Cabo Verde.

UNA TÁCTICA

Días después se corrió la información de que Cabo Verde había mandado a dos emisarios a Caracas con el fin de entablar contactos con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que entrara a negociar la libertad de Saab.

Pero de inmediato, el Gobierno de Cabo Verde señaló que “no había enviado a nadie con ninguna misión a la República Bolivariana de Venezuela”.

A inicios de octubre el empresario barranquillero presentó su caso de extradición de Cabo Verde ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), con la intención de que su título como “enviado especial” de Venezuela diera algún resultado.

A lo largo del segundo semestre de 2020 Saab y su defensa se encargaron de emitir comunicados y declaraciones en los que aseguraban que los derechos humanos del barranquillero habían sido violados de manera reiterada en su lugar de detención.

Se llegó a decir que las condiciones del centro de reclusión eran infrahumanas, con poca salubridad y hasta tenía dificultades para cumplir con los tratamientos médicos a los que estaba sometido. Todas esas pretensiones fueron tomadas en cuenta por el Tribunal de Apelaciones de Barlovento que, en enero de este año, autorizó que el empresario fuera puesto en arresto domiciliario.

Dos meses más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó la extradición de Saab a Estados Unidos. Según el veredicto, el Supremo rechazó el recurso de apelación de Saab presentado ante esa instancia y ratificó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario.

UN NUEVO RECURSO

Paralelo a esos procesos, a inicios de año, el equipo que dirige el exjuez español Baltasar Garzón en defensa del empresario pidió al relator especial de las Naciones Unidas Diego García-sayán interceder con Cabo Verde para garantizar los derechos de su cliente.

Los abogados de Saab enviaron una comunicación a García-sayán, quien hace relatoría para la ONU sobre la independencia de jueces y abogados.

La petición dio frutos y a inicios de esta semana el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pidió a Cabo Verde que detenga la extradición del barranquillero a EE. UU.

“De conformidad con el artículo 94 del reglamento del Comité, se ha pedido al Estado miembro que se abstenga de extraditar al señor Álex Nain Saab Moran a los Estados Unidos de América mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso”, señalan los relatores, que piden al país africano que adopte medidas para garantizar el “acceso a atención médica adecuada” para el detenido.

CASO EN COLOMBIA

En Colombia, Saab fue imputado, junto con tres personas más, por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir con fines de lavado, enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada y exportación o importación ficticia. EL HERALDO conoció que al momento de la presentación del escrito de acusación “se eliminaron” los cargos sobre el revisor fiscal, por muerte del imputado, y sobre uno de los miembros suplentes de la junta directiva de la empresa Shatex, “quien se determinó no participó en los hechos”.

Según la fiscal, la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Saab, con ayuda de su contador, Devis Mendoza Lapeira, a quien también acusaron de participar en los hechos ilícitos que habrían ocurrido desde 2007, cuando la empresa registró un inusual crecimiento económico de 923 %.

Según los boletines de prensa que ha emitido la Fiscalía, a Saab –en Colombia– se le han efectuado do “operativos de materialización” de 13 bienes por $ 38.000 millones, que se encuentran bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, como bienes afectados con medida cautelar dentro de un proceso de extinción de dominio.