Unidad contra la criminalidad

La situación es confusa. Conductores, acosados por el miedo, deciden bloquear el área metropolitana de Barranquilla. Alianzas criminales, desde las cárceles, ponen en jaque la institucionalidad. La ciudadanía demanda unidad y claridad de sus autoridades p

El paro de conductores de empresas de transporte público que operan en el área metropolitana de Barranquilla estaba cantado. Pese a las medidas adoptadas por la fuerza pública en coordinación con autoridades del Distrito y los municipios, la desafiante amenaza de organizaciones criminales –advertida en este mismo espacio hace al menos dos semanas- no solo no ha cesado, sino que se ha cobrado una nueva víctima. Israel Vega, chofer de Lolaya, fue baleado en la tarde del jueves cuando se movilizaba en el barrio Porvenir, de Soledad, por un sujeto que se subió a su bus, haciéndose pasar como pasajero. En menos de un mes, el gremio de transportadores del Atlántico suma un conductor muerto y al menos tres gravemente heridos. Hechos tozudos que revelan la absoluta indefensión de ciudadanos expuestos, a diario, a las demandas extorsivas y violentos chantajes ordenados por dos reconocidos delincuentes que ni estando en una cárcel dejan de poner en jaque a la institucionalidad. Algo debe estar fallando porque no resulta fácil de entender cómo una alianza criminal, de la que forman parte individuos identificados por inteligencia de la Policía, puede desencadenar una crisis de orden público de tal magnitud, como la actual.

La indignación de los encargados de ofrecerles garantías a los transportadores, chanceros, tenderos y comerciantes, víctimas de insufribles extorsiones, para realizar su trabajo en condiciones de seguridad no es suficiente. Ante la sevicia demostrada por los autores de demenciales ataques en su contra, urge poner en marcha acciones mucho más determinantes. De lo contrario, el cobarde atentado contra el conductor Israel Vega que, afortunadamente, se recupera de sus heridas, no será el último que tengamos que lamentar. En todo caso, conviene que autoridades políticas del área metropolitana, Policía, Ejército y organismos de Justicia se articulen mejor, trabajando unidos, entendiéndose como lo que somos, una sola entidad territorial sujeta a una misma agresión, resultado de una situación excepcional, que ha llevado a los ciudadanos a vivir con angustia y miedo. No es el momento de minimizar las amenazas ni de evadir responsabilidades, echándole la culpa al vecino de la compleja realidad de inseguridad que padecemos. Lo que pasa en Soledad impactará a Barranquilla y viceversa. La ecuación funciona igual con el resto de los municipios.

La protesta de los conductores confirmó nuestra inequívoca relación. Los bloqueos causaron serios traumatismos en la movilidad de Barranquilla, Soledad y Malambo, ocasionando molestias en la ciudadanía, especialmente entre los usuarios de Transmetro que suspendió la operación de sus troncales y alimentadoras. Viajeros aéreos y de rutas interdepartamentales también se vieron afectados por las concentraciones de manifestantes en la calle 30, la Murillo, la avenida Circunvalar o La Cordialidad. Maleta en mano caminaron kilómetros para acceder o salir del aeropuerto Ernesto Cortissoz y de la Terminal de Transportes, que disminuyó 50 % el despacho de buses. En resumen, la jornada fue caótica para miles de personas que debieron sortear enormes obstáculos para desplazarse a sus destinos. En medio del enrarecido ambiente, la hostilidad de algunos conductores -incluso con sus propios colegas que seguían trabajandoprodujo reprochables actos de intolerancia. Varios pincharon las llantas de buses para obligarlos a parar. Como si fuera poco, el comercio cerró temprano ante la incertidumbre por el regreso a casa, que fue una pesadilla.

Es sorprendente que, a pesar de tantas dificultades, ninguna autoridad, ni siquiera de tránsito de Barranquilla ni del resto del área metropolitana se pronunciara frente al caos, para ofrecer alternativas de movilidad a los afectados. Era lo mínimo. Sin orientaciones claras se produce, por decir lo menos, un vacío entre quienes esperan proactividad de sus líderes. Actuar con decisión es apremiante para enfrentar y someter, en particular a los violentos. No existe otra salida. Es vital establecer mecanismos para resolver, de manera conjunta, este desastre. El inmovilismo, la indiferencia o falta de voluntad política hacen mucho más daño que la ineptitud. Nuestros gobernantes pueden y deben hacer más para detener este desafío de los criminales. Se ha logrado otras veces, ahora no tendría que ser la excepción.

La indignación de los encargados de ofrecerles garantías a los transportadores, chanceros, tenderos y comerciantes, víctimas de insufribles extorsiones, para realizar su trabajo en condiciones de seguridad no es suficiente. Ante la sevicia demostrada por los autores de demenciales ataques en su contra, urge poner en marcha acciones mucho más determinantes.