Presidente Petro: el traspiés con el Clan del Golfo llama a una necesaria reflexión

La suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo, ordenada por el presidente Gustavo Petro, causa alerta en los departamentos del Caribe colombiano. Totalmente comprensible. Sabemos de sobra que la nuestra es una de las regiones donde este grupo criminal, el más numeroso de las organizaciones armadas ilegales del país, restringe libertades, atenta contra la seguridad de sus habitantes y extiende sin apenas control los tentáculos de sus poderosas economías ilícitas.

Decenas de miles de personas en territorios de la Costa permanecen arrinconadas por su desmedido accionar violento que desata, como ocurre desde hace tres semanas en el Bajo Cauca antioqueño, una zozobra permanente que cuesta explicar, al igual que entender, sin haberla padecido en carne propia. Vivir con miedo, en medio del fuego cruzado, tratando de minimizar el impacto de los daños provocados por sus estructuras mafiosas no puede condicionar por más tiempo el día a día de comunidades vulnerables que resisten, como pueden, su arremetida.

Sin contar los hechos terroristas que el Gobierno nacional le atribuye durante el paro minero en curso, Indepaz estima que en 11 oportunidades, al menos, el Clan del Golfo violó el cese al fuego, en enero y febrero. Si bien es cierto que esta suspensión de acciones ofensivas que, supuestamente, era de carácter bilateral no contó nunca con un sistema de monitoreo verificable, un protocolo o una metodología para determinar su cumplimiento efectivo, negarse a la evidencia de lo que sucedía en la Sierra Nevada de Santa Marta, los sures de Bolívar y Córdoba o en municipios del Atlántico era persistir en una ceguera voluntaria absolutamente insostenible.

La escalada de acciones criminales en las subregiones del Bajo Cauca y el Nordeste de Antioquia, la gota que derramó la copa, solo confirma la falta de voluntad del clan para corresponder de modo coherente a la oferta del Ejecutivo que lo convocó a ser uno de los actores centrales de su estrategia de la paz total. Pero, sin gestos genuinos para morigerar o poner fin a sus recurrentes conductas vulneratorias de los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), la única salida viable que le queda al Estado es actuar de forma responsable haciendo uso legítimo de la fuerza para proteger y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Si se equivoca en hacerlo, las consecuencias podrían ser aún más delirantes.

En definitiva, la aspiración del Gobierno de llegar a una paz dialogada es totalmente válida. Sin embargo, tolerar de modo indefinido la violencia de esta u otras organizaciones armadas ilegales, como el ELN o disidencias de Farc, no otorga firmeza ni más reconocimiento a su propósito. Por el contrario, le resta credibilidad o respeto ante las numerosas víctimas de los recurrentes abusos de quienes se camuflan en la solución negociada de esta infame guerra para continuar infringiendo las normas tácitas del sentido común o de la mínima humanidad, por decir lo menos.

Que uno de los alfiles del petrismo, el presidente del Congreso, Roy Barreras, reclame ahora el fin de los esperpénticos decretos de cese al fuego bilateral, expedidos por el jefe de Estado en el estertor de 2022, demuestra que esta forma de proceder resultó un fiasco. Ensillar antes de traer las bestias salió mal. Por un lado, porque a estas estructuras criminales les ha faltado congruencia para respetar el cese y, por otro, porque concederles ventajas en un primer momento sin que las negociaciones hubieran fructificado, como es lo usual, generó ruido entre la tropa y erosionó su moral, así sus comandantes señalen lo contrario.

Tanta improvisación o ausencia de planeación estratégica en las líneas maestras de la paz total comienza a cobrarle al gobierno Petro un costo político elevado que, en ningún caso, debe traducirse en vacíos en su reacción ante una eventual escalada violenta del clan. No se trata solo de una respuesta armada, eso sería lo fácil. También es imprescindible asegurar la presencia de un Estado que ofrezca soluciones a las necesidades de la gente cercada por esta estructura ilegal. En el resto del país, comunidades y gobernantes comparten diagnóstico sobre la profunda crisis de seguridad que nos devora y continúan reclamando medidas contra la impunidad que se extiende por una criminalidad desbordada que busca repartir miedo. Que el optimismo inicial de hacer la paz no empuje a la deriva política al Ejecutivo que insiste en disgregar el discurso de firmeza, unidad, convivencia, tolerancia y respeto que la nación exige.